El bono social eléctrico deja sin protección a 22.600 consumidores al año

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El bono social eléctrico  deja sin protección a 22.600 consumidores en un año

Últimos datos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia

El bono social se puso en marcha en 2009, cuando la crisis económica comenzaba a afectar a las economías domésticas, que no podían pagar la luz.

Consiste en una bonificación del 25% del consumo de energía.

En 2013, el Gobierno modificó los requisitos para acogerse a esta medida.

Quién puede beneficiarse?

Personas físicas con potencia contratada  inferior  a tres kilovatios en su vivienda habitual.

  • Pensionistas con 60 o más años que perciban pensión mínima por jubilación, incapacidad permanente o viudedad.
  • Familias numerosas
  • Familias con todos sus miembros en situación de desempleo

Cada vez más familias tienen problemas para afrontar la factura de la luz. Y cada vez menos ciudadanos se pueden beneficiar del bono social, la única medida que existe en España para mitigar el gasto en electricidad.

En un año, se han reducido en 22.600 personas, en los últimos cinco años, 2,5 millones de hogares sin el bono social, según los últimos datos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

Y unos siete millones de personas tienen dificultades para abonar estos recibos, según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).

El problema del bono social es que «no todos los supuestos que plantea la ley responden, ni mucho menos, a una situación de vulnerabilidad»,

El caso de España es singular frente a las medidas que se han adoptado en los últimos años en muchos países vecinos con medidas de apoyo a los ciudadanos.

Se prohíben los cortes

Medidas que más se ha implantado en Europa  y que aún no ha llegado a España:

Hasta 16 países fijan límites para que las compañías no puedan cortar la luz a determinadas familias, aun en casos de impago.

«En 9 países se sufragan los costes energéticos

En 8 se facilitan tarifas especiales», según la  Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).

Por ejemplo, también Portugal tiene una tarifa social, como en el caso español, pero con la diferencia de que «aquí no se cruza con ingresos ni con informes de los servicios sociales», explica José Luis López. Es decir, se concede a todos los consumidores con potencia contratada baja, independientemente de sus rentas.

También en Portugal, FranciaReino Unido y Grecia  los gobiernos impiden el corte  de los hogares de las familias más vulnerables de la red eléctrica, al menos en los meses más fríos del año.

Austria, uno de los países con más medidas de apoyo, al igual que Alemania, se ha desarrollado un Fondo de Asistencia Eléctrica que evita las desconexiones y los costes de la posterior reconexión. «También se establecen pagos aplazados a interés cero»

Incluso, en Reino Unido existe la posibilidad legal de que los clientes de luz puedan llegar a acuerdos con las empresas eléctricas. En algunos casos, para que estas adquieran el compromiso de no cortar el suministro a los ciudadanos con más dificultades económicas; y en otros, para gestionar las deudas y ofrecer posibilidades de pago antes de la temida desconexión, en colaboración con las organizaciones sociales.

Autor: AngelesfloR

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