Aquellos polvos trajeron esos lodos

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Una sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2015, de la que se han hecho eco los medios de comunicación recientemente, abre una vía a los consumidores que tengan una hipoteca viva o la hayan amortizado en los últimos cuatro años.  Es un pronunciamiento que viene a confirmar lo que también están sosteniendo varios juzgados de primera instancia y también audiencias provinciales, y que están en la línea de considerar que los bancos deben hacerse cargo, al menos en parte, de los costes de formalizar un préstamo hipotecario, y que viene a ser una nueva llamada de atención sobre los abusos que han estado realizado las entidades bancarias en su relación con los consumidores.

La práctica que venía siendo habitual es que el banco que concede el préstamo con garantía hipotecaria suele insertar una cláusula en la escritura del contrato de préstamo que el consumidor firma en la  notaría, a través de la cual hace recaer la totalidad de los costes de manera exclusiva sobre el consumidor: los gastos de preparación ( incluye el servicio de tasación si la empresa fue elegida por el banco, los informes jurídicos, ratificación y en general todos aquellos trámites necesarios para constituir la hipoteca); los gastos de gestoría, los impuestos derivados de la operación hipotecaria,  los gastos de notaría  e inscripción registral. Todo ello puede ser objeto de reclamación ante la entidad bancaria fundamentado en que no han sido servicios susceptibles de ser aceptados o rechazados por el consumidor ni tampoco han sido cláusulas sometidas a negociación individual con el cliente, sino que son condiciones impuestas por la entidad financiera, a las que el consumidor obligatoriamente tiene que adherirse para formalizar el préstamo hipotecario.

Los pronunciamientos de los distintos Tribunales están sosteniendo con un criterio mayoritario que las cláusulas impuestas que están en la línea de imponer al consumidor la totalidad de los gastos de constitución del crédito hipotecario son claramente un abuso y  contrarias a la exigible mínima reciprocidad y equilibrio en el gasto, pues ambas partes se benefician de la operación. Sin embargo, aunque los jueces están sosteniendo un criterio, que expresado de manera más sencilla viene a ser que no es justo que el hipotecado cargue con todos los gastos de la constitución de la hipoteca, las dudas y las contradicciones judiciales llegan a la hora de efectuar la distribución de los gastos, esto es, que gastos asume el banco, y cuales el consumidor, ya que en esta cuestión aún no existe una unificación de criterio judicial.

La sentencia del Tribunal Supremo declara abusiva la cláusula en la que el BBVA impone al consumidor el pago de todos los gastos, tributos y comisiones derivados del préstamo hipotecario, y es realmente importante por cuanto es el primer pronunciamiento sobre la distribución de los gastos de la constitución de la hipoteca que llega a las más alta instancia judicial, y sin duda marca el camino para el resto de pleitos sobre esta cuestión que permanecen pendientes de pronunciamiento. Es un primer paso porque el Tribunal Supremo parece asentar el criterio del reparto de los gastos de la constitución de la hipoteca entre el banco y consumidor, pero aun le queda a la más alta instancia judicial fijar un criterio más clarificador en la distribución de estos gastos. Los pagos cuestionados son los del notario, los de escritura del crédito en el Registro de la Propiedad, los de gestoría y los de actos jurídicos documentados.

La sentencia del Tribunal Supremo se pronuncia únicamente sobre la cláusula del BBVA, pero resulta evidente que la práctica bancaria general durante todos estos años ha sido la de atribuir al consumidor en su totalidad los gastos de la constitución de la hipoteca. Y es esta cuestión la que ha sido declarada abusiva por primera vez en el Tribunal Supremo, por lo que la extensión de efectos sobre el resto de entidades bancarias parece una cuestión de tiempo, que es precisamente lo que los bancos quieren ir ganando.

Quieren ir ganando tiempo porque se juegan 18.000 millones de euros, al verse afectado casi la totalidad de las hipotecas concedidas durante los últimos años en España, un agujero importante que los bancos quieren evitar a toda costa.  Los afectados por este tipo de cláusulas no recibirán el dinero “de oficio” de mano de los bancos. La única salida que hoy en día tiene el consumidor consiste en reclamarlo individualmente con los servicios de atención al cliente de su entidad bancaria, intentando negociar  su devolución, aunque en caso de no llegar a un entendimiento, solo le queda la opción de reclamar en vía judicial.

Una cuestión que no deja de ser desincentivadora y desalentadora para la mayoría de los consumidores. Nos encontramos ante la inexcusable incongruencia que por un lado los Tribunales están resolviendo favorablemente a los intereses generales del consumidor, pero sin embargo, la ejecución, llevar a efecto los pronunciamientos judiciales se convierte en un camino lleno de prácticas dilatorias y obstructivas, que sin duda supone beneficiar al condenado sobre el perjudicado, por cuanto muchos de los efectos económicos reconocidos con carácter general a los consumidores no se llevarán a cabo precisamente por la dificultad que entraña su cobro individual.

Todo ello tiene un trasfondo evidente: los bancos diseñan estrategias complejas que aplican a los procedimientos individuales de reclamación económica con el objetivo final de minorar los efectos económicos que los pronunciamientos judiciales están teniendo sobre sus cuentas de resultados. Una vergüenza más consentida a un sector, a la que la justicia está reiteradamente condenando y sacando a la luz todas sus prácticas más bochornosas, comportamientos todos ellos socialmente reprochables, y que han causado daños, muchos de ellos irreparables, a millones de ciudadanos.

Porque la reclamación de los gastos de constitución de la hipoteca no es un tema aislado en sí mismo, sino que forma parte de una política general llevada a cabo por los bancos durante tantos años y con la máxima permisividad, en la que su objetivo único ha sido conseguir el máximo lucro posible, generando una competitividad máxima en el sector, en la que para poder sobrevivir resulta necesario sobrepasar los límites de la legalidad, la moralidad y en general de todo aquello que no estuviera encaminado a los objetivos económicos. La emisión de acciones preferentes o la inclusión de la conocida como clausula suelo son algunos de los ejemplos más mediáticos. Pero hay y vendrán más aún. Porque como bien expresa el refranero español, aquellos polvos, trajeron por desgracia, estos lodos.

CESAR CAYON TAMES

Licenciado en Periodismo, Graduado en Derecho, Funcionario judicial.

 

Autor: Educonsumo

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